En su artículo 39.1, la Constitución española afirma que “los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia”. Para ello, destinan una serie de ayudas que, aunque han ido creciendo en las últimas décadas, siguen siendo insuficientes si las comparamos con las de otros países de nuestro entorno. En concreto, el gasto público que destinan a las prestaciones familiares es, en los países de la OCDE, un 2,1%, mientras que en España sólo alcanza el 1,5%. Conviene conocer bien este tipo de ayudas y prestaciones para las familias, y más en tiempos de crisis como los que estamos viviendo.